Tras ser cuestionado por la prensa local sobre sus antecedentes de pensión alimenticia, el aspirante de Alianza para el Progreso ofreció respuestas evasivas y arremetió contra las investigaciones periodísticas.

Huancayo, 15 de julio de 2026

La campaña electoral en la región Junín vuelve a calentarse, esta vez no por debates programáticos, sino por los cuestionamientos éticos que pesan sobre sus postulantes. Arnoldo Dante Mallma Auqui, candidato al Gobierno Regional de Junín por el partido Alianza para el Progreso (APP), se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de reportes periodísticos que sacaron a la luz detalles de sus procesos judiciales en el ámbito familiar, específicamente relacionados con demandas de pensión de alimentos.

Ante la presión de los medios de comunicación locales que buscaban un descargo formal, Mallma Auqui ofreció respuestas ambiguas, dejando más dudas que certezas y evidenciando una preocupante falta de claridad para un aspirante al máximo sillón regional.

El origen del cuestionamiento: Demandas por alimentos

La controversia no es nueva, pero ha cobrado total relevancia en plena carrera electoral. De acuerdo con los expedientes judiciales y registros de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el conocido empresario del rubro avícola y gastronómico arrastra un historial de litigios familiares.

Entre los documentos públicos destaca un proceso de alimentos (Expediente N° 3672-2016) interpuesto en su contra para garantizar el sustento de su menor hijo. El caso generó aún más polémica luego de que se hicieran públicas las solicitudes de reducción de pensión alimenticia presentadas por el propio Mallma, quien argumentaba que los montos fijados originalmente eran «exagerados», a pesar de reportar ante el Estado un cuantioso patrimonio empresarial y bienes valorizados en millones de soles.

Para colectivos civiles y electores en Huancayo, que un candidato que busca administrar los recursos públicos de toda la región registre disputas judiciales por recortar la pensión de su propio hijo representa una seria contradicción con el discurso de «protección a las familias» que abandona su partido.

Sin respuestas claras: El candidato esquiva a la prensa

Al ser abordado por periodistas locales respecto a estas denuncias y a la coherencia de su postulación bajo el símbolo de la «A», Arnoldo Mallma optó por la defensiva. En lugar de esclarecer su situación legal y familiar con transparencia, el candidato minimizó los cuestionamientos y deslizó que se trataría de una campaña de desprestigio en su contra.

«Esos son temas estrictamente personales y de carácter privado que ya han sido resueltos en su momento. Lamento que algunos periodistas utilicen estos asuntos familiares de forma tendenciosa para intentar mellar mi postulación. Nosotros seguimos enfocados en nuestras propuestas para Junín», declaró de forma escueta y visiblemente incómodo ante los micrófonos.

La evasión de Mallma ha sido criticada por diversos líderes de opinión de la región, quienes recuerdan que la conducta familiar y el cumplimiento de las obligaciones básicas de un candidato son de total interés público. «Quien aspira a gobernar y liderar el destino de miles de familias en Junín debe estar dispuesto a someterse al escrutinio público, empezando por casa», señalaron analistas locales.

El costo político para Alianza para el Progreso

Este destape vuelve a colocar a Alianza para el Progreso (APP) bajo el reflector por su deficiente filtro de candidatos. Junín es una plaza electoral clave en el centro del país, y el arrastre de cuestionamientos por violencia familiar o demandas alimenticias de sus principales cuadros podría debilitar las opciones del partido de César Acuña en las urnas de cara a octubre.

Con la campaña en su etapa más competitiva, el electorado de Junín vigila de cerca no solo las promesas de obras, sino el perfil moral de quienes pretenden suceder en el cargo a las actuales autoridades regionales.