El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, denunció un déficit que supera los S/ 589 millones y alertó que el calendario electoral peligra, asomando incluso la posibilidad de una prórroga de mandatos si no se asignan los recursos de manera inmediata.

Lima, 16 de julio de 2026

El fantasma de una parálisis democrática asoma sobre los comicios subnacionales del país. En una firme e inusual conferencia conjunta de los organismos que integran el sistema electoral peruano, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, lanzó una severa advertencia: las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), programadas para este próximo 4 de octubre, se encuentran en un estado de «riesgo real» debido a un asfixiante déficit presupuestario que aún no ha sido resuelto por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el titular de la máxima entidad fiscalizadora de los comicios, el sistema electoral solo dispone del 50% de los recursos financieros requeridos para la compleja logística que demanda el proceso.

«Está en riesgo todo el proceso electoral, está en riesgo la democracia», aseveró Burneo, revelando que la brecha económica que falta financiar asciende exactamente a S/ 589.52 millones de soles a nivel de todo el sistema electoral.

Una complejidad «diez veces mayor» que las elecciones generales

El principal argumento esgrimido por los directores de los entes electorales apunta a la naturaleza sumamente atomizada de las Elecciones Regionales y Municipales. A diferencia de un proceso general nacional, que se decide bajo un esquema centralizado y listas cerradas en pocas circunscripciones, la jornada del 4 de octubre exige un despliegue operativo titánico.

Burneo explicó que la fiscalización, organización y control de estas elecciones es «diez veces mayor». Ello se debe a la abrumadora cantidad de candidatos locales que se presentan, el sinnúmero de organizaciones políticas regionales y locales participantes, el diseño e impresión de miles de formatos de cédulas de votación diferenciadas, y el monitoreo simultáneo de cientos de circunscripciones a lo largo y ancho del territorio peruano, que incluyen zonas alejadas de difícil acceso.

La matemática del déficit electoral

El déficit de S/ 589.52 millones compromete directamente las capacidades de las tres instituciones clave del sistema:

• Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Es la más afectada en la distribución de fondos, arrastrando una necesidad crítica de S/ 433.21 millones de soles destinados estrictamente a la infraestructura operativa de la votación, instalación de mesas, capacitación de miembros y despliegue del material electoral.
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Requiere con urgencia una partida de S/ 103.5 millones para financiar la fiscalización de las hojas de vida de los candidatos, la resolución de tachas y la instalación de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
• Reniec: Institución encargada de la depuración y cierre del padrón electoral definitivo de votantes.

Como primera consecuencia de este recorte forzado y la premura del calendario, la ONPE confirmó oficialmente que se ha cancelado el programa piloto de voto digital que se tenía previsto implementar de manera experimental en estos comicios, debido a que el factor tiempo y la falta de recursos económicos impidieron su adecuada ejecución.

El escenario límite: Prórroga de mandatos

Una de las declaraciones más alarmantes del titular del JNE se enfocó en las eventuales consecuencias legales si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no atiende el requerimiento de forma perentoria.

Burneo alertó que, de no agenciarse las transferencias de forma inmediata, la organización material de los sufragios se tornará inviable bajo los plazos vigentes. Ante ese preocupante escenario, se tendría que evaluar una medida extrema y sin precedentes en la historia democrática reciente del Perú: una prórroga extraordinaria del mandato de las actuales autoridades regionales y municipales hasta que el Estado logre garantizar el financiamiento total de las elecciones.

A pesar de las insistentes alertas de los organismos electorales —quienes afirman llevar más de ocho meses sosteniendo mesas de trabajo con el Ejecutivo—, la postura oficial del Gobierno y el Ministerio de Economía ha sido de relativa calma. El Ejecutivo ha manifestado en reiteradas ocasiones que los recursos indispensables ya se encuentran canalizados de forma gradual y ha garantizado que la jornada electoral democrática del 4 de octubre está plenamente asegurada. No obstante, las alarmas en el JNE ya se encendieron y el tiempo para corregir el rumbo logístico se agota de cara a octubre.