Una investigación fiscalizadora revela que Yovana Contreras Tiza, designada bajo la gestión de Miguel Chamorro en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, no figura en los registros del Minedu. Además, los tiempos de estudio en Huancayo y Lima se cruzan de forma imposible.
Huancayo, 20 de julio de 2026
Una bomba administrativa acaba de estallar en el corazón de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. De acuerdo con el expediente oficial de la Contraloría General de la República (Denuncia N° DK.2026.0012908), ingresado a la sede Junín, la actual directora del Centro de Educación Técnico Productivo (CETPRO) «Ana Maria Gelicich», Yovana Contreras Tiza, vendría ejerciendo el cargo de manera irregular utilizando títulos profesionales que carecen de existencia legal en los registros del Ministerio de Educación (Minedu).
La acusación, que apunta a un presunto delito contra la fe pública en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, salpica directamente a la gestión del representante de la entidad, Miguel Chamorro Torres, por la falta de filtros rigurosos al momento de designar al personal de confianza en instituciones educativas vulnerables.
Los títulos fantasmas en el portal del Minedu
El documento de la Contraloría detalla que al realizar la verificación física y virtual en la plataforma oficial de consulta de grados y títulos de instituciones tecnológicas y pedagógicas del Minedu, las acreditaciones presentadas por Contreras Tiza arrojaron un resultado fulminante: inexistente.
La denuncia formal exige poner la lupa de manera estricta sobre dos documentos presentados en su currículum vitae:
- Título Pedagógico de Educación Primaria: Presuntamente emitido por el Instituto Superior Pedagógico Privado Leoncio Prado, con fecha de expedición del 03 de mayo del 2021.
- Título Técnico en Computación: Supuestamente otorgado por el Instituto Superior Tecnológico Público José María Arguedas (Sicaya), con fecha del 02 de julio del 2005.
Ninguno de estos dos diplomas se encuentra registrado en el Minedu. La única titulación real que se ha podido constatar en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es su grado de Bachiller en Educación Primaria por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin embargo, el grado de bachiller es insuficiente para cumplir el perfil requerido para dirigir un CETPRO, el cual exige obligatoriamente un título pedagógico o universitario completo.
El don de la ubicuidad: Cronología de estudios imposible
El equipo de control detectó otra grave inconsistencia que destruye la veracidad de su trayectoria académica. Al analizar la relación de espacio y tiempo de las fechas de emisión, los años en los que supuestamente estudió en Junín coinciden de forma exacta con su residencia y estudios presenciales en la capital de la república.
CRONOLOGÍA ACADÉMICA BAJO SOSPECHA:
[2001 - 2004] Supuestos estudios técnicos en Computación (Inst. José María Arguedas - Sicaya, Huancayo).
X
[2017 - 2020] Supuestos estudios pedagógicos de Primaria (Inst. Leoncio Prado - Huancayo).
X
[1999 - 2006] Periodo de estudios universitarios reales en LIMA (Univ. Federico Villarreal), obteniendo el bachillerato el 14/03/2007.
La matemática del documento es contundente: ¿En qué momento realizó la señora Contreras Tiza estudios técnicos y pedagógicos presenciales en institutos de la provincia de Huancayo, si en esos mismos periodos cronológicos se encontraba viviendo y estudiando en la ciudad de Lima para obtener su bachillerato en la Universidad Villarreal? Para la Contraloría, los indicios apuntan a que ambos títulos fueron presuntamente adulterados o falsificados con el único fin de simular un perfil profesional apto.
Testigos internos encendieron las alarmas
La alerta no nació de un trámite burocrático, sino del descontento y la sospecha dentro del propio plantel educativo. El registro detalla que la denunciante es una servidora pública que decidió acudir a la Contraloría tras acceder directamente a la información «por intermedio de las propias trabajadoras del CETPRO Ana Maria Gelicich».
Entre las pruebas materiales que ya fueron admitidas y registradas en el sistema del Órgano de Control Institucional (OCI) figuran las capturas de las búsquedas negativas con DNI en el portal del Minedu, así como las copias fotográficas de los dudosos títulos del Instituto Leoncio Prado y del José María Arguedas recopilados el pasado 16 de junio[cite: 1].
Ante la gravedad de los hechos, se espera que el Órgano de Control Interno de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo curse un requerimiento de urgencia a la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) para que declare la invalidez formal de los documentos[cite: 1]. De confirmarse el fraude, Yovana Contreras no solo deberá ser removida de inmediato de la dirección, sino que afrontará, junto a los que resulten responsables de su contratación, una denuncia penal ante el Ministerio Público por falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado[cite: 1].
