Aunque el máximo tribunal anuló su condena por el caso Aeródromo Wanka, el líder de Perú Libre sigue siendo un prófugo de la justicia debido a otras dos órdenes de prisión preventiva vigentes.
Lima, 18 de julio de 2026
La defensa legal de Vladimir Cerrón Rojas celebró como un triunfo histórico el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló su condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso «Aeródromo Wanka». Sin embargo, en el terreno real de las leyes, el exgobernador regional de Junín está muy lejos de poder cantar victoria o de abandonar la clandestinidad en la que permanece desde hace meses.
La resolución del TC —que detectó fallas de motivación en el Poder Judicial al no resolver un recurso de la defensa— ha generado un terremoto político, pero no borra el complejo panorama judicial que mantiene al líder de Perú Libre con la condición de prófugo de la justicia.
El muro que le impide salir a la calle: Las prisiones preventivas
El error común en la opinión pública ha sido pensar que, al caerse la sentencia del Aeródromo Wanka, Cerrón Rojas quedaba libre de polvo y paja para caminar por las calles. Nada más alejado de la realidad.
El propio Tribunal Constitucional se encargó de precisar en su resolución que su decisión se limita estrictamente a ese expediente y que no interfiere con las otras medidas restrictivas de libertad que pesan sobre el político. Vladimir Cerrón arrastra otras dos órdenes de captura internacional y mandatos de prisión preventiva plenamente vigentes por delitos igual de graves:
- Caso Antalsis (18 meses de prisión preventiva): Se le investiga por presuntamente haber integrado una red criminal destinada a direccionar obras públicas a favor de empresas vinculadas al empresario Martín Belaunde Lossio.
- Caso Lavado de Activos (24 meses de prisión preventiva): La fiscalía lo acusa de liderar una presunta organización criminal enquistada en el partido Perú Libre, dedicada al financiamiento ilegal de campañas electorales mediante dinero de procedencia ilícita.
La orden a la Policía sigue siendo capturarlo
Para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), el panorama no ha cambiado en absoluto. Al existir mandatos judiciales de prisión preventiva vigentes y un peligro de fuga latente, cualquier efectivo policial que localice a Vladimir Cerrón tiene la obligación constitucional de detenerlo de inmediato y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para su reclusión en un centro penitenciario.
En términos sencillos: Cerrón ha ganado una batalla importante en el TC que obligará al Poder Judicial a revisar el caso del aeródromo, pero ha perdido la guerra de la libertad inmediata.
Un fallo que enciende el debate y las tensiones en el TC
Más allá de la situación del prófugo, el fallo ha dejado al descubierto una severa crisis interna en el Tribunal Constitucional. El magistrado Manuel Monteagudo expresó públicamente su rechazo a la forma en que se tramitó el hábeas corpus de Cerrón, denunciando un presunto «trámite exprés» y la omisión de debates reglamentarios en el pleno.
Mientras el debate político y ético se enciende por el beneficio otorgado a una figura tan cuestionada, la realidad jurídica es fría: Vladimir Cerrón sigue siendo un fugitivo de la ley y, de aparecer públicamente, terminará en prisión.
