El pedido de 4 años de cárcel contra el precandidato de la «P» expone la alarmante desconexión entre el discurso anticorrupción de los partidos y la realidad de sus planchas electorales en Junín.

Huancayo, 18 de julio de 2026

El escenario político de Huancayo asiste, una vez más, a un espectáculo tan predecible como indignante. La reciente confirmación de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado 4 años de prisión efectiva contra Emerson Nolasco Delgado, precandidato de Podemos Perú a la Municipalidad Provincial de Huancayo, no debería tomarse como un simple contratiempo de campaña. Es, en realidad, una radiografía de la profunda crisis moral que arrastran las organizaciones políticas que pretenden gobernar la incontrastable.

La acusación técnica es severa: negociación incompatible. El Ministerio Público sostiene que en 2018, mientras ejercía la gerencia municipal de Huaribamba (Tayacaja), Nolasco habría mostrado un interés directo e indebido para favorecer a una empresa en la ejecución de una piscigranja, autorizando desembolsos financieros a pesar de que la obra arrastraba serias observaciones.

La metamorfosis del discurso: De fiscalizador a fiscalizado

Lo verdaderamente crítico y cuestionable en la trayectoria de Emerson Nolasco es la asombrosa facilidad con la que ha cambiado de piel política en la última década. Quienes siguen de cerca el tablero local recordarán que Nolasco irrumpió en la escena como regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, trinchera desde la cual construyó un perfil de «fiscalizador implacable». En aquellos años, no dudaba en firmar denuncias y exigir la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) ante cualquier sospecha de irregularidad en las obras de la provincia.

Sin embargo, el tiempo —y el libre acceso a las carpetas fiscales— ha terminado por desnudar una flagrante contradicción. El hombre que ayer apuntaba con el dedo y exigía transparencia en los pasillos de la municipalidad de Huancayo, hoy camina hacia un juicio oral, acusado exactamente de lo mismo que tanto criticaba: usar un cargo de confianza (esta vez en Tayacaja) para, presuntamente, beneficiar intereses privados en perjuicio del erario público.

Esta alarmante transformación de «fiscalizador» a «procesado por corrupción» demuestra que, para ciertos sectores de la política local, la fiscalización no es una convicción ética, sino un trampolín mediático para capturar votos y luego repetir las mismas prácticas cuestionables desde el poder.

Podemos Perú y la burla de los filtros partidarios

El problema, por supuesto, no es exclusivamente de Nolasco. La responsabilidad recae con igual peso sobre Podemos Perú, una organización liderada a nivel nacional por José Luna Gálvez que, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), vuelve a demostrar un desprecio absoluto por la idoneidad de sus cuadros.

¿Bajo qué criterios técnicos o éticos un partido decide lanzar como su principal carta para Huancayo a un personaje que está a las puertas de un juicio oral y que arrastra un pedido formal de inhabilitación para ejercer cargos públicos? Presentar una candidatura en estas condiciones es una falta de respeto al electorado huancaíno, al que se le pretende imponer una autoridad que bien podría despachar sus primeros meses de gestión desde el banquillo de los acusados o, peor aún, desde un centro penitenciario si el Poder Judicial ratifica el pedido de la Fiscalía.

Huancayo no aguanta más improvisación

La provincia de Huancayo arrastra un pesado historial de alcaldes y gobernadores procesados, prófugos o tras las rejas. La ciudad padece problemas críticos de seguridad, un transporte público caótico y un clamor generalizado por obras de infraestructura transparentes que dinamicen la economía local. En este contexto, lo último que necesita la capital de la región Junín es un alcalde que dedique sus primeros meses de gestión a defenderse en juicios por corrupción en lugar de gobernar.

La candidatura de Emerson Nolasco por Podemos Perú nace herida y con fecha de caducidad jurídica. Si el partido y el propio candidato tuvieran un mínimo de respeto por la institucionalidad democrática de Huancayo, darían un paso al costado para permitir una verdadera renovación. Mientras tanto, la última palabra la tendrá un electorado que está obligado a castigar en las urnas la impunidad y la desfachatez política.